En España, la ocupación ilegal de viviendas es un negocio boyante. Resulta fácil y poco arriesgado, de ahí que hayan proliferado las mafias que lo promueven. Los datos que se manejan a nivel oficial cifran en unas cien mil las casas cuyas puertas fueron forzadas instalándose en ellas individuos ajenos a la propiedad. Un cálculo que puede quedarse corto habida cuenta de que muchos casos ni siquiera se denuncian por temor a las coacciones.